Reporters Sans Frontières

Publicado el 3 de mayo de 2004

Aunque la agresión de un magistrado de la Corte Suprema a tres periodistas pueda considerarse un hecho aislado, el hecho de que esa misma institución haya adoptado un texto que prohíbe a los magistrados conceder entrevistas sobre casos abiertos, resulta más preocupante. Como también es inquietante la decisión de un tribunal, anulada en la apelación, de prohibir pura y simplemente la emisión de un programa que cuestionaba una decisión judicial.
Pero la actualidad de la libertad de prensa estuvo marcada sobre todo por el procedimiento iniciado al final del año contra el canal privado Chilevisión, que llevó a la detención de su redactor jefe. El canal había emitido imágenes tomadas con cámara oculta de un juez encargado de investigar un importante caso de pedofilia. Sobre esas imágenes, el magistrado reconocía frecuentar una sauna para homosexuales. Si parecen anacrónicos los expedientes abiertos después a cinco responsables y periodistas del canal, ¿qué decir de la decisión de la Corte Suprema de retirarle al juez el caso que investigaba, suspenderle en sus funciones y estudiar su expulsión del poder judicial?
Junto con el Canal 13, también cazado por difundir algunas imágenes que atentaban contra la dignidad de un empresario, Chilevisión fue condenado a una multa por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), encargado de controlar el contenido de los programas. Hay que destacar que diez de los once miembros del CNTV son nombrados por el Presidente de la República, y que esa institución puede retirar las licencias a los canales de televisión.
La elección, el 22 de diciembre, del juez Marcos Libedinsky para la presidencia de la Corte Suprema, no augura el advenimiento de una justicia menos conservadora. Apenas elegido declaró que no correspondía a los medios de comunicación "interrogar y efectuar (...) una investigación paralela" a las de la policía y los tribunales.
En el capítulo de las buenas noticias la absolución, en abril, del empresario Eduardo Yánez, perseguido desde hacía dos años por "desacato" a la Corte Suprema, tras unas declaraciones efectuadas en la televisión, y condenado en primera instancia a dieciocho meses de cárcel. Sin embargo, el delito de desacato no parece que vaya a desaparecer pronto. Aunque la Comisión Constitucional de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley aboliendo las leyes sobre el desacato, todavía tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados, y después por el Senado.

Nuevos elementos sobre un periodista al que mataron antes de 2003.
El 15 de diciembre de 2003, un tribunal de apelación confirmó que Rafael González Verdugo, ex teniente-coronel de las Fuerzas Aéreas de Chile (FACH), será juzgado por el asesinato del periodista norteamericano Charles Horman, ocurrido en 1973. El oficial retirado es el primer inculpado por la muerte del periodista. Está detenido y encarcelado en una unidad de las FACH. Se le acusa de haber participado en el interrogatorio de Charles Horman en el Ministerio de Defensa, donde se trasladó al periodista después de su detención. El ex Secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, citado como testigo en el caso, se ha negado a responder a la demanda de la justicia chilena. Charles Horman fue detenido e interrogado el 18 de septiembre de 1973, y luego ejecutado al día siguiente por la noche, por orden de un alto responsable de los servicios chilenos de inteligencia. Abandonaron su cadáver en una calle, para hacer creer que había muerto en un incidente con los militares. Su caso inspiró la película "Missing", del realizador Costa Gavras.

Un periodista detenido
El 11 de diciembre de 2003, Alejandro Guillier, redactor jefe del canal privado Chilevisión, fue detenido y puesto en libertad con fianza al día siguiente. Al periodista le acusan de haber participado en la grabación de una conversación privada del juez Daniel Calvo, "sin su consentimiento", y de haber ordenado después su difusión, el 5 de noviembre. Jaime de Aguirre, director del canal, y los periodistas Patricio Caldichoury, Fernando Reyes y Raúl Poblete, están inculpados únicamente por su participación en la grabación de las imágenes. A los cinco profesionales se les persigue en aplicación del artículo 161A del código penal, que establece hasta cinco años de cárcel y una multa de 500 unidades fiscales (alrededor de 20.000 euros) para quien "capte, intercepte, grabe (…) o filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado, que se produzcan, realicen, ocurran o existant en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público". El juez Calvo estaba encargado de la investigación sobre Carlos Spiniak, un empresario sospechoso de estar al frente de una importante red de pedofilia, pornografía infantil y consumo de estupefacientes. Tomadas con cámara oculta, las imágenes incriminadas muestran una conversación entre el juez Calvo y Sebastián Rodríguez, ex director de una sauna para homosexuales. En la conversación, grabada en la oficina del juez, éste reconoce ser un cliente de la sauna y declara que no tiene autoridad "moral" para efectuar la investigación. Advertido por el canal, el 4 de noviembre, de la existencia de esas imágenes, el juez Calvo convocó inmediatamente una conferencia de prensa para revelar su contenido, y declaró que renunciaba a llevar el caso. Posteriormente Daniel Calvo denunció al canal por "extorsión implícita". Después, la Corte Suprema retiró el caso al juez, y le suspendió durante cuatro meses, en espera de que se estudie su exclusión del poder judicial. Chilevisión, igualmente denunciada por el CNTV por difundir imágenes que atentan a la dignidad del juez, fue condenado el 3 de diciembre a pagar una multa de 80 unidades fiscales (alrededor de 3.200 euros). Según el CNTV, "no es el dar a conocer ciertos aspectos de la vida privada del ministro Calvo lo que se está sancionado, sino que el darlo a conocer de forma humillante".

Tres periodistas agredidos
El 7 de enero de 2003, Luis Narváez, del semanario La Nación Domingo, fue golpeado a puñetazos por Domingo Kokish, magistrado de la Corte Suprema, en el momento en que le preguntaba en relación con un caso delicado, sobre el que tenía que pronunciarse la Corte Suprema. A principios de septiembre, el mismo magistrado insultó a la periodista Ximena Marré, del diario El Mercurio, e intentó abofetear a Mario Ovalle, del mismo periódico. A continuación les puso en la puerta, cuando Ximena Marré se negó a revelar sus fuentes. Domingo Kokish había citado a los dos periodistas en su oficina, para aclarar una información publicada en El Mercurio. Posteriormente se excusó.

Presiones y trabas
El 4 de agosto de 2003, la Corte Suprema votó, en sesión plenaria, un texto según el cual los jueces y magistrados no están autorizados a conceder entrevistas sobre los casos en curso de instrucción. El documento precisa que se aplicarán "medidas disciplinarias para el caso de que persistan en iguales conductas".
El 1 de octubre, un tribunal de apelación de Santiago rechazó el recurso presentado por la viuda del abogado Patricio Torres Reyes, destinado a impedir la difusión de un documental sobre el asesinato de su marido. Según ella, el programa atentaba a la dignidad y al honor de su familia. El 23 de julio, se prohibió la emisión de la primera grabación del programa "Enigma" en el canal TVN, por decisión del tribunal de apelación de Santiago. Según el productor Patricio Polanco, el programa, que pone en duda la culpabilidad de uno de los presuntos autores del asesinato, no lo habían visionado ni la querellante ni sus abogados, ni tampoco los jueces encargados del caso.
El 28 de noviembre, unos agentes de la policía judicial se incautaron de cinco vídeos en los locales del canal privado Chilevisión. El registro se realizó en el marco de una denuncia del Ministerio de Salud y del Fondo Nacional de Salud contra la doctora María Luisa Cordero. El 11 de agosto, el canal emitió un reportaje sobre la entrega, por esta médico, de bajas por enfermedad, a cambio de una remuneración. Chilevisión acusa a este embargo de violar el secreto de las fuentes, en la medida en que en el reportaje no se incluyeron la totalidad de las imágenes. El canal anunció después haber recibido de la justicia las garantías necesarias "para la defensa de nuestros intereses y de los principios éticos".
El 3 de diciembre, el CNTV condenó al canal católico de televisión Canal 13 a pagar una multa de 60 unidades fiscales (unos 2.400 euros), por haber emitido imágenes del empresario Carlos Spiniak en una situación "humillante". Fueron grabadas cuando le detenían en su habitación. Carlos Spiniak es sospechoso de estar al frente de una red de pedofilia, pornografía infantil y consumo de estupefacientes. Algunos rumores hablan de la implicación en este caso de políticos y policías.