Reporters Sans Frontières

Publicado el 1ro de febrero de 2007

La aprobación en el Parlamento Catalán de una Ley del Audiovisual, algunas de cuyas disposiciones resultan peligrosas para la libertad de prensa, vino a recordar que la vigilancia frente a los atentados a la libertad de expresión debe ejercerse sin excepción. La pertenencia a la Unión Europea no garantiza que exista una protección absoluta contra las tentaciones de obstaculizar al trabajo de los periodistas. Por otra parte, las amenazas de ETA a los periodistas siguen obligando a varios de ellos a trabajar con protección.

El 29 de diciembre de 2005 el Parlamento Catalán aprobó la Ley del Audiovisual, que permite regular el contenido de los medios de comunicación y confiere al Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), siguiendo el modelo de sus homólogos de Navarra y Andalucía, poderes sancionadores abusivos tan amplios como los de una autoridad judicial. Varios artículos establecen la posibilidad de imponer fuertes multas (de 90.000 a 300.000 euros), así como de retirar licencias, lo que de facto equivale al cierre del medio en cuestión. Además, el texto estipula que los medios de comunicación tienen que respetar el “principio de veracidad de la información, resultante de la verificación de los hechos” y no pueden “obstaculizar la actividad de vigilancia del gobierno”. Estas restrictivas disposiciones en materia de libertad de expresión entran en contradicción con la legislación europea, mucho más liberal en la materia.

En 2006 se produjeron novedades en dos casos judiciales importantes. El 1 de junio quedó confirmada en apelación la condena a siete años de cárcel de Tayssir Allouni, periodista del canal Al-Jazira. El 26 de septiembre de 2005, y en el marco de un proceso contra veinticuatro personas acusadas de implicación en actividades terroristas en España, se le condenó como culpable de “colaboración” con Al Qaeda. En las sesiones, el fiscal mencionó la entrevista que Taysir Allouni, entonces jefe de la oficina de Al-Jazira en Kabul, hizo a Ossama Ben Laden, en octubre de 2001. También insistió en los numerosos contactos del periodista con islamistas extremistas. El 3 de octubre Tayssir Allouni quedó en arresto domiciliario, por razones humanitarias. Pudo así reunirse con su familia en Granada. El 14 de julio Al-Jazira anunció la apertura de una oficina en España.

En otro caso sensible, el Tribunal Supremo español ordenó el 5 de diciembre la reapertura de la investigación sobre la muerte del camarógrafo español José Couso, fallecido el 8 de abril de 2003 en el Hotel Palestine Bagdad, como consecuencia del disparo de un obús norteamericano. Quedaba así anulado el sobreseimiento del caso, dictado el 10 de marzo. La suprema jurisdicción consideró que la justicia española es competente en el caso, que podría tener consecuencias en las relaciones de Madrid con Washington. En efecto, podría solicitarse la extradición de los tres militares norteamericanos, responsables del tanque de donde partió el disparo.

El 14 de diciembre, el Ministerio Público consideró infundadas las diligencias abiertas por el juez Del Olmo, en relación con el periódico Egunkaria. Según el fiscal, no se ha podido demostrar que el periódico fuera un instrumento de ETA. Eso no significa, sin embargo, que se hayan dejado sin efecto las diligencias abiertas al periódico en lengua vasca, que se encuentra inmerso en otro procedimiento.

Los profesionales de la información que abordan la cuestión del terrorismo de ETA, clasificado como predator de la libertad de prensa por Reporteros sin ronteras, han tenido dificultades para hacer su trabajo. A pesar del alto el fuego permanente, proclamado por ETA el 22 de marzo, varias decenas de profesionales de la prensa siguen trabajando con protección, a causa de las amenazas que les ha dirigido la organización terrorista vasca.